Mariana, de 24 años y quien estudiaba en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, fue asesinada después de que denunciara haber sido agredida por uno de sus compañeros.
Por Raúl Fernando Pérez Lira
Chihuahua, 8 de febrero (Raíchali).- “¡Mariana, escucha, estamos en tu lucha!”, gritaron las y los médicos por las calles de Chihuahua para exigir justicia por Mariana Sánchez Dávalos, la pasante de medicina en Chiapas encontrada sin vida en su habitación el 28 de enero. Ella había denunciado ser víctima de acoso sexual por uno de sus compañeros.
La muerte de Mariana incitó a protestas a nivel nacional para exigir justicia, pero también para exigir mejores condiciones en las que los pasantes de medicina realizan su servicio social, pues en muchos casos son enviados a zonas remotas sin ningún tipo de seguridad o prestaciones.
“Hicimos una actividad subiendo carteles (a internet), como una manifestación virtual y ahora quisimos organizar la marcha porque sentimos que ya era necesario algo más sólido entre pasantes y estudiantes”. Así lo expresó Anahí Becerra, parte de la marcha realizada el sábado 6 de febrero. Ella es estudiante de séptimo semestre en la Facultad de Medicina y parte de MedFemCUU, un grupo de estudiantes feministas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
La protesta inició en la clínica Morelos del IMSS y se dirigió hacia la antigua facultad de medicina en la avenida Colón, junto al Hospital Central Universitario. Pasaron también por el edificio de rectoría de la universidad.
Las médicas dejaron batas manchadas de pintura roja en estos tres puntos y en la Cruz de Clavos, el monumento en memoria a las víctimas de feminicidio ubicado frente al Palacio de Gobierno.
“Lo que queremos es que no haya situaciones en las que seamos atacados, amenazados, o encañonados, porque sí pasó a varias personas, y queremos que la universidad y las instituciones, el Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud, respondan por nosotros”, dijo Alexandra Celis, médica y una de las organizadoras de la protesta, en entrevista.
Celis explicó que durante el periodo de servicio social, el cual es obligatorio por un año, los pasantes no son parte de la universidad ni del seguro social. Durante ese tiempo no cuentan con ningún tipo de prestaciones o respaldo institucional.
“Queremos que se hagan protocolos a seguir en caso de que alguno de nuestros compañeros sufra o pase por alguna de estas situaciones”, continuó Celis. “Se ve con una perspectiva de género pero esto es para todos los que somos o fuimos médicos pasantes, porque todos somos parte del gremio”.
Sofía García, integrante del colectivo Médicas con A, recordó el caso del doctor Blas Juan Godínez. Él fue secuestrado en 2017 en el municipio de Gomez Farías y desde entonces no se sabe de él. Además hay otros casos de mujeres agredidas sexualmente, personas cuyas clínicas fueron acribilladas o personal secuestrado para atender a personas heridas de bala.
“Hay muchos más casos de denuncias, desapariciones, agresiones, que no han sido documentadas sobre todo por mucho miedo y porque hasta la fecha no existe un protocolo para denunciar agresiones”, precisó García.
“¿Quién te va a proteger de que te saquen de la clínica a atender a alguien en su casa? ¿ qué seguridad vas a tener tú cuando estés frente al narco?”, cuestionó.
La ahora médica egresada sufrió de acoso durante su internado y, a pesar de haber denunciado a su agresor, no obtuvo el respaldo que esperaba.
“Yo hice una carta por mi parte y la presenté a mi escuela, al hospital donde yo estaba rotando, a la secretaría de salud y también a la dependencia de género, pero no hubo mayor respuesta”, dijo García.
“Las universidades se deslindan, porque en este ser alumnos no somos ni alumnos ni empleados, ni la secretaría ni el imss o las facultades se quieren hacer responsables cuando hay un caso de violencia”.
García explicó que el servicio social ha sido la manera en la que México ha cubierto las zonas rurales desde hace muchos años y con muchas irregularidades, como falta de seguridad y precariedad económica.
“Claro que las comunidades tienen derecho y tienen que ser atendidas con la mejor dignidad, pero que no sea a costa de la seguridad de los pasantes, es un llamado al Estado a invertir en salud, que con esta cuestión de la contingencia estamos viendo lo poco que invierten en salud”, dijo García.
Mariana Sánchez prestaba su servicio social en Nueva Palestina, una comunidad del municipio de Ocosingo en Chiapas. Había reportado una situación de acoso grave que fue ignorada por las autoridades de la clínica. A pesar de haber sido catalogado como un suicidio en un primer momento, la fiscalía de Chiapas ahora investiga el caso como un feminicidio.
